LISTA DE JUECES TUERTOS Acusados (1) Ramón Emilio Sánchez Carpio (2) Un sacerdote en Yuma (3) Un Diacono en Yuma (4) Victor Martinez (5) Esther Agelán Casasnovas (6) Natividad Ramona Santos (7) Vanesa Acosta (8) Altos Funcionarios de la Policia (9) Eligio Jáquez (10) José Antonio Fabelo (11) Eduardo Sánchez Ortiz (12) Luis Alvarez Renta (13) Amaury Rodríguez Delito Falta de Integridad (2 y 3) Violacion de Menores (8) Robo de Autos (9 y 19) Robo (12) Defalco Nov. 08, 2005 LISTA DE JUECES TUERTOS Marino Zapete Corniel Hay varios jueces dominicanos que han dictado sentencias muy cuestionables, pero no aseguro que sean corruptos, porque no puedo probarlo. Si embargo, puedo decir, y lo digo, que esos magistrados son tuertos, porque no ven los indicios de culpabilidad donde sobran. Por ejemplo, creo que el magistrado juez de instrucción de la provincia Altagracia Ramón Emilio Sánchez Carpio es tuerto, porque emitió un no ha lugar en beneficio de un sacerdote, un diácono y varias personas más, a quienes se considera responsables de la violación de más de una docena de infantes en el albergue manejado por la iglesia católica en San Rafael del Yuma. Y pensar que ese juez tenía en sus manos un expediente en el cual había un interrogatorio a una infante de cinco años que contó lo siguiente: “un día, de noche, él me despertó, y me dijo ven acá, me llevó allá atrás (detrás del albergue), me dijo bájate los pantalones, y yo le dije que no, y él me los bajó, y él me entró su cosa, me dolió, y yo estaba botando sangre”. La niña se refería a lo que le hizo uno de los beneficiados por el juez con el no ha lugar. Y un juez que no le presta atención a un testimonio de esa naturaleza, proveniente de una niña de cinco años, es más que tuerto. El magistrado Víctor Martínez, de la tercera cámara penal del Distrito Nacional, y la magistrada Esther Agelán Casasnovas también parece que tienen problemas de visibilidad, pues ambos fueron sumamente generosos con los imputados en el sonado caso del Plan Renove. Recordemos que según una auditoría realizada por la Contraloría General de la República durante el gobierno de Hipólito Mejía, los implicados en el caso Renove se apropiaron de más de 600 millones de dólares que el gobierno tomó prestado fuera del país para mejorar la flotilla de vehículos del transporte público. En un fallo emitido el pasado mes de septiembre, el magistrado Martínez puso en libertad a ocho de los 10 implicados en el caso, algunos de los cuales mediante la prestación de fianzas pírricas, y a otros de manera gratuita, sin ninguna justificación. Por su parte, la magistrada Casasnovas impuso multas tan benignas a los implicados en el escándalo Renove, que a penas suman un dos por ciento del monto sustraído. En el mismo mes de septiembre pasado, la jueza Natividad Ramona Santos, del Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, exculpó a 54 de 59 altos oficiales de la Policía Nacional que estaban acusados de utilizar para provecho propio y de sus familias más de un centenar de vehículos que habían sigo robados a sus legítimos dueños y recuperados por la institución del orden público. En su fallo, la jueza Santos no vio pruebas que comprometieran la responsabilidad de los imputados, a pensar de que la propia Policía había publicado una lista de los vehículos robados y de los oficiales en manos de los cuales se encontraban. Esa jueza tenía que estar casi ciega para no ver las evidencias. La jueza Vanesa Acosta, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, no encontró suficientes evidencias para enviar juicio a los exsecretarios de Agricultura Eligio Jáquez y José Antonio Fabelo, y a otros 18 allegados a Hipólito Mejía que se repartieron los invernaderos comprados por el gobierno con un préstamo superior a los 500 millones de pesos y que ahora el pueblo está pagando. Aparentemente, la magistrada Acosta no pudo ver la lista que le suministró la Secretaría de Agricultura, donde se hace constar que Hipólito Mejía, Eligio Jáquez, y José Antonio Fabelo prácticamente regalaron a sus correligionarios políticos los dineros del pueblo dominicano. Un tiempo atrás, el juez de instrucción Eduardo Sánchez Ortiz no encontró evidencias para juzgar por fraude y otros cargos al asesor financiero Luis Alvarez Renta, implicado en el desfalco del Banco Intercontinental, y lo declaró inocente mediante un acto de no ha lugar. Ocurre ahora que un jurado federal de la ciudad estadounidense de Miami acaba de encontrar a Alvarez Renta culpable de los mismos cargos que el juez Sánchez Ortiz no quiso ver, y lo ha condenado al pago de más de 170 millones de dólares. Entre los delitos cometidos por Alvarez Renta, según el jurado de Miami, se encuentran lavado de dinero y trasiego de fondos robados al Banínter. ¿ Qué le parece amigo lector ? Pero el caso más revelador del estrabismo de una parte de los jueces dominicanos lo constituye el acto de no ha lugar dictado por el juez de instrucción de Montecristi Amaury Rodríguez en beneficio de varios exfuncionarios que llenaron al país del material tóxico denominado Rockash. Ocurre que el magistrado Rodríguez no encontró evidencia, argumentos ni fundamentos en la acusación, aunque las principales zonas turísticas del país están llenas del material tóxico y el expediente está saturado de pruebas de laboratorio donde se establece con toda claridad la peligrosidad de dicho material. Creo que al magistrado Rodríguez, en particular, habrá que prescribirle unos lentes, pues no se entiende que tan cerca de su juzgado, en Manzanillo, hayan depositado 30 mil toneladas del Rockash, y él no se haya dado cuenta antes de emitir su fallo.